En una decisión que busca consolidar el ritmo de transformaciones estructurales, el presidente Javier Milei formalizó la convocatoria al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias para el próximo mes de febrero. El Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de ayer, establece que la actividad legislativa se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2 y el 27 de dicho meses, marcando la segunda instancia de trabajo parlamentario fuera del período ordinario en lo que va de su gestión.

El temario propuesto por el Ejecutivo es ambicioso y se centra, principalmente, en el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una de las piezas clave del programa económico oficialista. Además, la agenda contempla el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

La normativa firmada por el mandatario estipula que los legisladores deberán abocarse exclusivamente a los temas detallados durante los 25 días de actividad prevista. Cualquier incorporación de nuevos asuntos a la agenda requerirá de una nueva citación formal o del consentimiento expreso del jefe de Estado.

Esta movida se produce tras un cierre de año exitoso para el oficialismo en términos legislativos. Durante el mes de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) logró la aprobación del Presupuesto 2026 —la primera hoja de ruta financiera de la era Milei— y la Ley de Inocencia Fiscal. Con este envío, el Gobierno pretende ahora sortear el receso de verano para convertir en ley una reforma laboral que genera fuertes resistencias en sectores gremiales y políticos de la oposición.

Negociaciones

En el Senado, la estrategia está liderada por Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social. Bajo su conducción, se busca asegurar una sesión clave entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero. El objetivo es obtener la sanción antes de que el propio Milei inaugure el período de sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo. Para ello, el oficialismo ya ha comenzado a aceitar los acuerdos políticos y operativos que garantizan el quórum.

A pesar de las dudas iniciales, fuentes parlamentarias confirmaron que ya se han resuelto situaciones internas que permitirán avanzar con el tratamiento. Al menos una fuerza política del interior del país ha garantizado su acompañamiento, lo que despeja parte del camino hacia el quórum de 37 senadores necesarios para sesionar. Actualmente, el interbloque oficialista cuenta con 21 bancas, por lo que la dependencia de los aliados es total. Para alcanzar la mayoría, el oficialismo apela al respaldo de la UCR (10 miembros), el PRO (3 bancas) y legisladores provinciales independientes.

Sin embargo, el verdadero campo de batalla no es solo ideológico, sino fiscal. La discusión se ha desplazado de los derechos laborales a una disputa descarnada por los recursos entre la Nación y las provincias. Los gobernadores han marcado la cancha: no están dispuestos a convalidar una reforma que implica un recorte en su recaudación, especialmente a través de la baja de impuestos coparticipables, un punto neurálgico del proyecto oficial.

Proyectos a tratar

1. La reforma laboral busca flexibilizar el mercado, reducir costos para las empresas y la  promoción de mayor formalización laboral.

2. El acuerdo comercial con la UE facilitará el comercio de productos tras la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones.

3. La reforma de la SIDE  busca reordenar la estructura de las áreas, crea agencias y unifica tareas para mejorar el intercambio de datos.